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Cinco años transcurrieron desde que el caso de los Cuadernos de las Coimas fue elevado a juicio oral. El expediente, que tiene más de 140 personas imputadas y que fue calificada como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”, está lejos de tener una fecha de inicio del debate. Los jueces justifican esa tardanza a la envergadura de la investigación, la falta de recursos, los pedidos reiterados a la Corte para que les asignen más personal, espacio y presupuesto. En tanto, la Casación pide imprimir celeridad y en algunos tramos, y fijar fecha de inicio del juicio. La fiscal general, Fabiana León, denunció la lentitud del Tribual Oral Federal 7, que la contradijo con datos.
En un informe confeccionada por el Ministerio Público Fiscal, representado en la instancia de juicio oral por León, se habló de los Cuadros de las Coimas como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial».
Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal este miércoles.
El puntapié inicial del caso fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- ,quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción y contratistas del Estado, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. «El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación final que deberán afrontar los imputados.
Desde que inició la investigación el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
En el caso central, como en los seis conexos, la totalidad de imputados es de 159. Nunca en la historia de Comodoro Py existió una investigación en hechos de corrupción con esa cantidad de personas involucradas.
La causa quedó atravesada por denuncias cruzadas y un reclamo reiterado del Tribunal por falta de recursos y espacio, entre otros planteos. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, respondió a un pedido de informe de la Sala I de la Cámara de Casación ante la denuncia de la fiscal León por retardo en el proceso y la falta de celeridad a la hora de fijar fecha de inicio, no sólo en la “causa madre”, sino también en otros casos conexos.
Ante el máximo tribunal penal, la representante del Ministerio Público presentó una denuncia contra los integrantes del TOF 7, que se defendieron con diversos argumentos.
“Más de allá de que la crítica de la fiscal adolece de una mirada integral en torno al trámite del bloque de causas conexas de que se trata, la tarea realizada a través de los magros recursos con los que se cuenta -sin perjuicio de los reiterados pedidos dirigidos a atender adecuadamente la magnitud de este inusitado proceso judicial- ha permitido la prolija clasificación de la cuantiosa prueba colectada”, dijo el Tribunal de juicio.
Entre las dificultades consignadas por los responsables de realizar el juicio, se habló de carecer “del más mínimo y digno espacio para afrontar un proceso de esta envergadura”.
También se hizo referencia a la falta de personal, algo planteado a la Corte Suprema “en reiterados reclamos -27 de septiembre de 2019, 7 de octubre de 2019, 20 de diciembre de 2019, 17 de julio de 2020, 4 de diciembre de 2019, 8 de marzo de 2021 y 21 de marzo de 2023, entre otros con pedidos de audiencia- a las autoridades correspondientes para que se asignen los recursos edilicios, técnicos y de personal -de momento sólo satisfecho parcialmente”, indicaron.
El TOF también sumó un argumento de índole más general, respecto de “la coyuntura propia del fuero, pues se deben atender -como el resto de los tribunales- los numerosos expedientes que se asignan a diario -muchos de ellos con detenidos-, causas ordinarias, expedientes de ejecución, y además las sucesivas subrogancias asignadas a los integrantes de este Tribunal”.
La fiscal León se refirió varias veces al paso del tiempo y la lejana que se ve la posibilidad de una fecha de inicio del debate oral. En este sentido, señaló que hay causas conexas que ya están en condiciones de ser discutidas en instancia de juicio, por eso llegó con su reclamo ante la Casación.
Al analizar los reclamos, la Sala I rechazó la queja pero instó al tribunal a intensificar el trámite procesal “a fin de cumplimentar todos los actos procesales reclamados por la fiscal y pendientes de producción”, es decir, le ordenaron al TOF 7 que imprima celeridad al caso para avanzar de cara al inicio del juicio oral.