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Crece el malestar por el congelamiento salarial en el Ejecutivo y ya hay funcionarios que migran a CABA

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Si bien Javier Milei reivindica el congelamiento salarial que dispuso para los altos funcionarios como un símbolo de «austeridad en medio de la crisis», la decisión genera un inocultable malestar en un sector del Ejecutivo y, con una inflación acumulada en el año que roza el 72%, ya se registran casos de funcionarios que migran al gobierno de la Ciudad seducidos por sueldos que, en algunos casos, duplican a los que percibían hasta el momento.

Es el caso de una subsecretaria de Legal y Técnica que en los últimos días abandonó su cargo y regresó al escalafón del gobierno porteño donde había pedido licencia el último 10 de diciembre. Pero los casos, al parecer, se repiten en la administración nacional. Una funcionaria cercana al alcalde porteño Jorge Macri, en tanto, reconoció a este diario no tener ningún interés en desembarcar en Nación en caso de recibir una propuesta «porque los salarios son muy bajos respecto» a los de la administración porteña.

Se trata de un tema incómodo que, pasados los seis meses de administración libertaria, aún no tiene solución. Nadie sabe cuándo el Presidente autorizará un incremento salarial para directores, subsecretarios, secretarios y ministros. Algunos arriesgan que «recién a fin de año». Lo cierto es que el aumento en las dietas que se concedieron diputados y senadores hace pocos días no hizo otra cosa que hacer más evidente el malestar de los agentes del Ejecutivo que ver erosionados sus ingresos.

El costo del ajuste, de algún modo, también se siente en quienes no tienen un largo paso en la política o por una carrera profesional. Por eso no es extraño que algunos funcionarios marchen al gobierno porteño o bien regresen al ámbito privado.

La reciente reestructuración de la Jefatura de Gabinete, en tanto, produjo novedades sobre los ingresos de las máximas autoridades, que tienen rango de ministro.

De acuerdo a sendos pedidos de acceso a la información realizados por Clarín, José Rolandi, el vicejefe de gabinete ejecutivo cobra una «remuneración bruta mensual de $ 3.584.006», que en el bolsillo ascendería a poco más de 2 millones y medio de pesos. Lo extraño del caso es que el funcionario, que trabajaba codo a codo con el malogrado Nicolás Posse pero era del riñón del propio Presidente, fue designado en el cargo el pasado 15 de diciembre «con carácter ´ad honorem. En paralelo, había asumido como director de YPF.

Si bien en su visita al Senado del 8 de mayo pasado había negado cobrar unos $70 millones como director de la petrolera de mayoría estatal, tal como lo había chicaneado días antes el diputado Germán Martínez (UP), una respuesta de la propia Dirección de Administración y Gestión del Personal de Jefatura de Gabinete a este diario, en el marco del citado pedido de acceso a la información, genera suspicacias.

«Respecto a esta situación particular, corresponde aclarar que por RE-2024-58139791-APN-DAT#SLYT, documento obrante en las actuaciones administrativas de la citada designación, el señor José Rolandi renunció, a partir del 1° de junio de 2024, a los honorarios que pudieran corresponderle como Director Titular de YPF S.A». Esa fecha coincide con su asunción como vicejefe de gabinete de Guillermo Francos.

Dos días más tarde fue designado como «vicejefe de gabinete del Interior» Lisandro Catalán, mano derecha de Francos, en «carácter ad honorem». Es que el exCorporación América percibe un salario como director de Correo Argentino, una cifra que se estima superior a la que registraría por su actual cargo.

Una parte de los supuestos contratos truchos en Capital Humano, a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, que denunció la propia Sandra Pettovello también estaría vinculada al congelamiento salarial. Es que algunos funcionarios del superministerio habrían cobrado cifras acorde a su pretensión sumando de a 2 o 3 contratos de presuntos empleados. Sí está confirmado que directores que no tenían designación oficial a más de 4 meses de iniciada su tarea, accedían a un convenio de OEI para poder contar con un ingreso máximo de $1.200.000.

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