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Javier Milei recibió un duro informe de la Sindicatura General de la Nación que expone serias irregularidades en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el fideicomiso que durante la gestión anterior manejó políticamente Juan Grabois.
El documento, aportado por el ministro de Economia, Luis “Toto” Caputo, en la última reunión de Gabinete, presentó un duro escenario de la gestión desarrollada en el área en los dos últimos períodos de la administración K, cuando la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, una militante del espacio de Grabois, administró fondos millonarios para urbanizar barrios vulnerables: sólo en 2023, unos 350 mil millones de pesos.
El balance que hace la auditoría es contundente: el texto de 46 páginas al que tuvo acceso Clarín y es manejado con mucho recelo en el oficialismo advierte que en el manejo del fideicomiso hubo «falta de un sistema integral de seguimiento y monitoreo«, «debilidades en los procesos de contratación», «demoras generalizadas en los plazos de ejecución de obras» y «retrasos en las rendiciones de cuentas».
En cuanto a las debilidades en los procesos de contratación, el documento reseña que detectó “falta de documentación sustentatoria en los expedientes analizados”, ”Unidades Ejecutoras que no informan al Fideicomiso los proyectos de pliegos y de actos administrativos de manera previa a la aprobación de la adjudicación” de los trabajos.
Por otro lado, cuestiona que “no surge de los expedientes que se hayan aplicado los procedimientos previstos para la selección de beneficiarios y los controles que se debe llevar a cabo” y alerta que “no existen evidencias en los expedientes acerca del criterio de selección o asignación de obras a las cooperativas de trabajo o grupos asociativos de la economía popular”.
“Se asignaron obras a cooperativas que no acreditaron fehacientemente antecedentes de especialidad e idoneidad para el cumplimiento de la prestación requerida -en razón de su reciente constitución- contrariando lo establecido” y da cuenta de “adjudicaciones de proyectos a entidades cuya localización geográfica se encuentra a distancias considerables de las obras. Sobre este punto, un informe de LN+ ya había denunciado discrecionalidad en el otorgamiento de obras a cooperativas radicadas en otras provincias a donde debían ejecutar los trabajos.
También halló ”problemas en la adquisición de inmuebles”.
A modo de ejemplo, sobre un universo de 65 cooperativas, la SIGEN sostiene que “diez fueron inscriptas en un rubro afín a la construcción en el mismo año o posterior al que se le adjudicó una obra”.
En ese sentido, también para dimensionar el hallazgo, el organismo menciona a la “Cooperativa de Provisión, Transformación, Industrialización, Consumo, y Comercialización Campesina”, que recibió $598.759.091 y fue inscripta bajo el rubro “dulces y mermeladas, carnes y hortalizas”.
En rigor, en el Gobierno admiten que es similar a lo que se encontró en buena parte de la administración pública y que redundó en denuncias penales. Pero lo novedoso en cuanto al FISU es que se trata de un área que hasta el momento no se había explorado, al menos con la profundidad que, como anticipó Clarín semanas atrás, una parte del oficialismo entendía debía realizarse. “Le están mintiendo a Javier (Milei) y a Karina. En el FISU hicieron un desastre, es increíble que no se haya denunciado nada”, alertaban.
Es que, por el contrario, el titular del área, Sebastián Pareja, un hombre que trabaja para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el armado bonaerense de La Libertad Avanza, había reivindicado la administración del FISU de la gente de Grabois y a poco de asumir, y sin el margen de tiempo para analizar lo que había heredado, se animó a decir que “en cada congreso que se presenta, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve como un ejemplo el trabajo hecho en esa Secretaría”. «Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo», señaló en febrero.
Días atrás, en una nota con Radio Rivadavia, volvió a reafirmarlo al hablar del relevamiento que, según dijo, encomendó tras asumir: «No estoy encontrando nada (para denunciar). De la documentación de la secretaría en la que yo estoy no hay evidencia que hayan destinado dinero a una obra que no está ó que desapareció», aseguró.
Para el sector del Gobierno que cuestionaba a Pareja era difícil de aceptar que no haya detectado «nada», cuando en la Justicia ya se tramitaban dos causas por obras inconclusas, en Mar del Plata y en Luján. En una, incluso, el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, denunció a Grabois por “malversación de fondos públicos”, entre otros delitos.
En medio de esto, como reveló Clarín, Pareja tampoco le permitió el ingreso a dos abogados «auditores» que, con el aval de Milei y Caputo, envió Pettovello para analizar documentación del FISU. El argumento que recibieron los representantes de Capital Humano fue curioso, teniendo en cuenta que se trata del mismo espacio político: «Si quieren entrar, tienen que presentar un poder por parte del Presidente ó del ministro (Caputo)».
Otro dato que refuerza las sospechas sobre la pasividad de Pareja: el informe de la SIGEN se realizó en menos de los 60 días que le otorgó el artículo 3 del decreto 215/2024 que firmó Milei para desactivar los fideicomisos y que contemplaba una auditoría de cada uno.
Todo esto reavivó la discusión interna en el Gobierno. Es que es un tema que, como contó este diario, ya dividía aguas entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Pareja. Ahora, Caputo se sumó a su compañera de Gabinete y consideró «intolerable» e «inadmisible», según pudo reconstruir este diario, que el funcionario que hoy está bajo su órbita -en abril se concretó el traspaso- no hubiera detectado anomalías. «El informe es lapidario«, habría dicho, según interlocutores presentes en la reunión de Gabinete.
Aunque Caputo evitó descalificaciones hacia Pareja, Clarín supo que en la cumbre sobrevolaron cuestionamientos hacia su gestión. Desde el Palacio de Hacienda evitaron confirmar o desmentir el hecho, pero en relación al FISU y el duro informe de la SIGEN indicaron que «se está evaluando los pasos a seguir».
En Casa Rosada fueron un poco más allá y pusieron a Pareja en la mira, a pesar del buen vínculo que mantuvo hasta acá con Karina Milei. «Nosotros nos vamos a guiar por el resultado de la auditoría«, indicaron desde el entorno presidencial. «Vamos a hacer lo que corresponda, para eso está el informe de la auditoría de la SIGEN», ampliaron. Por lo pronto, avanzarían con la presentación de una denuncia penal contra la gestión anterior.