Hay una decisión política de congelar más de 1.200 productos de consumo masivo por 90 días. Lo dijo el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti. Pero también, parece, hay un margen mínimo de negociación para que las empresas alcanzadas por el congelamiento acerquen una contrapropuesta.
Estas empresas, con la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) a la cabeza, hicieron una propuesta el jueves que fue rechazada por Feletti. Pero el propio Feletti fijó una suerte de “deadline”. El lunes a las 18. Ese día se anunciará formalmente -con o sin consenso– el “acuerdo” de congelamiento de precios que regirá por 90 días.
Hasta ese momento los empresarios tendrán tiempo para acercar ideas. Por eso habrá reuniones este fin de semana, monitoreadas por el titular de COPAL y también de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
Hasta ahora se conoce una lista de 1247 productos y a primera vista ya saltaron observaciones. Productos discontinuados -lo cual en principio no sería un problema, porque no se puede congelar el precio de un producto que no se fabrica- o que solo tienen presencia en determinadas regiones del país.
La discusión radica, en principio, en que se exige una lista completa, y en caso de ausencia incorporar un sustituto que sí se esté fabricando.
Hasta ahora, Feletti convocó a los fabricantes de los productos de consumo masivo y a los responsables de las cadenas de supermercados, autoservicios y puntos de venta mayoristas.
Los supermercados se mostraron menos “combativos” que los fabricantes, pero también enfrentan problemas, por lo menos aquellas cadenas donde las marcas propias ocupan una parte importante de sus góndolas.
En las charlas que mantuvo con los empresarios, Feletti exhibió los últimos datos oficiales del INDEC, que muestran cómo muchos productos de la canasta básica aumentaron bien por arriba del IPC. Las planillas del INDEC señalan aumentos interanuales que superan en hasta 25 puntos la inflación promedio. Según Feletti, eso estaría demostrando que los empresarios se están aprovechando de la mayor demanda y de la mayor cantidad de pesos que hay en circulación.
Los empresarios retrucan que en realidad si las tarifas no estuvieran pisadas, el IPC sería mayor y la distancia entre ese índice y los alimentos tal vez no sería tan grande.
Como sea, las primeras quejas que plantearon los empresarios apuntaban a si se iba a controlar toda la línea de producción o solo una parte. Obviamente, consultaban si también se impulsaría el congelamiento de los proveedores de insumos -envases, por ejemplo– o solo el producto final.
También se preguntó -retóricamente, desde ya- si se iba a presionar sobre las provincias para que no impulsaran nuevos aumentos en las alícuotas de Ingresos Brutos, o en las tasas que cobran los municipios.
Desde ya, en ninguna de las conversaciones apareció -de parte de los funcionarios- ninguna mención a la emisión monetaria, mojón de referencia para explicar la inflación galopante. De hecho no hubo ningún comunicado por parte del Banco Central para explicar qué está pasando con la inflación. Vale recordar que uno de los mandatos de la Carta Orgánica es cuidar el valor de la moneda, en este caso el peso. Es interesante que omitan ese factor los propios funcionarios que impulsan que haya “más platita” en la calle para impulsar el consumo y ganar más votos en las decisivas elecciones del 14 de noviembre.