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Respaldan al fiscal de San Luis que evitó que Rodríguez Saá usara fondos públicos para la campaña

El pedido que hizo el fiscal federal Cristian Rachid para que el gobierno de San Luis suspenda el uso de fondos públicos en la campaña motivó un fuerte repudio del bloque justicialista de la legislatura provincial, que definió a la decisión como “meramente política y electoral”. A partir de ello, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación rechazó por completo las expresiones vertidas desde el ámbito legislativo hacia Rachid y manifestó su “preocupación”.

En una misiva firmada por Carlos Rívolo, presidente del organismo, y que acompañaron Ricardo Toranzos, María Alejandra Obregón, María Gloria Andre y Susana Pernas, se quejaron por entender que los expedientes que tratan el caso “no merecen cuestionamiento alguno”.

“Reclamamos de los funcionarios y poderes del Estado provincial el respeto necesario para el desarrollo de la independencia y autonomía que deparan los fiscales conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional”, sostuvieron en el texto de respaldo hacia Rachid, fiscal federal subrogante de la ciudad de San Luis.

Rachid había solicitado al juez Juan Maqueda medidas cautelares urgentes luego de la denuncia por delitos electorales que formuló el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio en contra del gobernador Alberto Rodríguez Saá y su gabinete por el uso de fondos públicos para financiar la campaña del frente oficialista.

A partir de ello, desde el PJ provincial surgió de la Legislatura un proyecto de declaración de repudio de la denuncia de la oposición y también de la decisión de Rachid. El mismo se dio a conocer en un texto de cinco carillas firmado por el bloque Frente Unidad Justicialista.

“En los últimos días, los ciudadanos de la Provincia de San Luis se han visto angustiados y acongojados por una solicitud de medidas cautelares presentadas por el Comité Electoral de Juntos por el Cambio, y posteriormente requeridas por el Dr. Rachid, con el fin de suspender y paralizar un serie de medidas socioeconómicas, las cuales tiene como único objetivo la reactivación económica y productiva de la provincia, como consecuencia de una crisis mundial post pandémica, de la cual no somos la excepción. Dicha solicitud es meramente política y electoral, la cual solo demuestra la persecución de los intereses personales y electorales de los solicitante”, sostuvieron.

La denuncia del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio había apuntado a maniobras irregulares que detectaron en la administración de Rodríguez Saá para revertir la derrota de las PASO y ganar las elecciones del 14 de noviembre, con la utilización de fondos públicos.

La misma había surgido por iniciativa del candidato a diputado nacional opositor Claudio Poggi, Juntos por el Cambio denunció al gobierno de Rodríguez Saá por “crear un nuevo mecanismo de ‘fondos rotatorios’ de 400 millones de pesos en concepto de anticipos de coparticipación que serán repartidos discrecionalmente a los intendentes para entregar subsidios en dinero o en bienes de manera excepcional”.

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