El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria y brindar información sobre la cantidad de vacantes disponibles y las 54 escuelas que asegura haber construido, según un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de ese distrito.
La Justicia de la Capital Federal ratificó de manera parcial la sentencia dictada por la jueza Elena Liberatori en una acción de amparo, iniciada en 2016 por diputados del Frente de Izquierda junto a docentes, familias y el colectivo de Vacantes para Todxs, durante una supuesta falta de vacantes en colegios públicos porteños.
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El fallo de Cámara, firmado por los jueces Horacio Corti, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta, dispuso que la administración del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta deberá garantizar el acceso a la educación en los Distritos Escolares N° 1 (Retiro, Recoleta, Palermo, Balvanera, San Nicolás, Puerto Madero), 5 (Barracas, Parque Patricios, Constitución, Nueva Pompeya), 13 (Villa Luro, Vélez Sarsfield, Parque Avellaneda, Lugano, Mataderos, Liniers), 19 (Villa Soldati, Flores, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya), 20 (Villa Lugano, Mataderos, Liniers), y 21 (Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati).
La medida también ordena que el Gobierno porteño informe sobre las 54 escuelas nuevas construidas por la gestión (2015-2019) y detalle si se trata de “obra nueva, de mantenimiento, de ampliación, de mudanza, fecha de inicio y finalización, tipo de nivel del centro educativo, cantidad de vacantes que ofrece, domicilio y distrito escolar al que pertenece”.
Además, se solicita que “para mantener actualizada la información para todos los ciudadanos que requieran una vacante”, publique en su página web todos los datos actualizados y en tiempo real sobre la disponibilidad por distrito.
La causa fue impulsada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Eric Soñis y Miriam Bregman, candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda.
La Cámara envió la sentencia a la Legislatura porteña para que “destine los recursos presupuestales necesarios para que el GCBA cumpla con la obligación constitucional de asegurar la Educación pública”.
FP CP
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