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Enumeran la decena de medidas de privilegio que permitieron a Cristina Kirchner cobrar su pensión de $ 2,5 millones

La diputada Graciela Ocaña enumeró este sábado la decena de medidas de privilegio que tuvo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por las dos pensiones de privilegio de $ 2,5 millones que le otorgó la titular de la ANSES y dirigente de la Cámpora, Fernanda Raverta.

Ocaña pidió esta semana a la cámara federal de la seguridad social que le permita tener el rol de tercera interesada en la causa al señalar las violaciones a la ley de Etica Pública y otras normas legales que, a su criterio, incurrió Raverta y otros funcionarios para darle esas dos pensiones más un retroactivo de 120 millones de pesos.

En el 2015 su cuñada y entonces ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner con el aval del secretario legal y Técnico y su amigo personal, Carlos Zannini, le dieron las dos pensiones en un trámite exprés que después derogó el presidente Mauricio Macri recordó a Dato sobre Dato de radio Milenium.

Entonces, abrió una causa en ese fuero y el juez Javier Pérez Nami le dio la razón y el fiscal Gabriel de Vedia no apeló y luego fue ascendido a miembro de la cámara nacional del trabajo. Entonces, Ocaña se presentó junto con otros diputados como querellante y el juez los aceptó. Sin embargo, ante un pedido de Cristina y Pérez Nami dio marcha atrás.

“En un primer momento se nos aceptó como terceros, y luego a petición del abogado de Cristina Fernández de Kirchner opinó que no debíamos ser parte porque el interés público, que era el que veníamos a representar como diputados nacionales, estaba resguardado y defendido por el ANSES y nos sacaron ese rol”, dijo. Pero hace dos semanas, la cámara del fuero los rechazó como querellante y Raverta retiró la apelación del ANSES, mientras el organismo pleitea a 280 mil jubilados que reclaman mejoras, en algunos casos hasta la Corte.

Destacó que “como el ANSES se retiró de la querella, me he presentado nuevamente para que el juez me permita volver a ser parte del expediente y pedir la nulidad de todo lo actuado por el ANSES. Hubo una serie de irregularidades”.

Por ejemplo, “la autorización a una subdirectora para retirarse de la querella fue una nota simple firmada por Fernanda Raverta” pese a que el trámite había comenzado luego de un decreto presidencial de Macri.

“Claramente hay una incompatibilidad por parte de Fernanda Raverta, un incumplimiento de la ley de ética pública, ella se ha comportado como una militante política al autorizar a su jefa privilegios que no recibe ningún jubilado, y no como una funcionaria pública velando el interés de los recursos del Estado”, subrayó.

Además, las pensiones de privilegio “desde marzo se le están pagando a Cristina sin esperar a tener una sentencia firme”, precisó. Todo a pesar de que la ley 24.018, sancionada en 1991 “dice claramente que se puede recibir un solo beneficio de este tipo a presidentes, ex vicepresidentes y miembros de la Corte”, contó. Aclaró que no se trata de la pensión común para una viuda, sino una pensión vitalicia o graciable a un ex mandatario.

“A Cristina le pagaron sin sentencia firme y con la firma de la subdirectora del ANSES que claramente no tiene autoridad para revocar una decisión administrativa tomada por un presidente de la nación”, afirmó Ocaña.

Incluso “Raverta ha recibido en mano el reclamo o las presentaciones del abogado de Cristina. Ella por lo menos ha firmado la recepción de la documentación del abogado” en vez de hacerlo por la mesa de entrada de la ANSES como hacen todos los jubilados.

“Espero que los jueces de la Cámara me tome como tercera interesada en el expediente nuevamente y que podamos que esto no quede firme. Por otro lado, aquí hay un claro incumplimiento de Fernanda Raverta en su acción como funcionaria pública“, finalizó Ocaña.

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