Organizaciones civiles y abogados se presentaron este lunes en el Juzgado Federal Nro. 1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría y le entregaron un escrito donde solicitan que los atentados realizados por la organización Montoneros sean considerados de lesa humanidad e imprescriptibles. En esta primera denuncia reclaman por la explosión de una bomba en 1976 que dejó muertos y heridos.
En julio de 1976, un estallido mortal en la Superintendencia de Seguridad Federal dejó como saldo la muerte de 24 personas y decenas de heridos. El hecho ocurrió en Monserrat y le fue adjudicado a Montoneros.
Por este hecho diversas organizaciones civiles y 400 abogados se presentaron en el juzgado de Servini para pedir la reapertura de la causa y además considerar el hecho imprescriptible, es decir, que no pierda vigencia más allá del paso de los años. Hasta el despacho de la jueza federal llegaron la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Centro de Estudios Salta, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, junto con centenares de letrados y víctimas de organizaciones terroristas.
Junto con la reapertura de la causa, solicitaron la captura de los miembros de Montoneros y un rápido llamado a indagatoria amparados en la doctrina de lesa humanidad que se aplicó por mayoría en la Corte Suprema durante el gobierno de Néstor Kirchner. Dentro de ese marco jurídico se juzgó a militares, civiles y policías implicados en el punitivismo estatal de la dictadura militar.
Junto con las organizaciones que participaron del apoyo al escrito también están el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión del Personal Militar, la Unión de Promociones de las FFAA, el Foro de Generales Retirados del Ejército, el Centro de Estudios Cruz del Sur, Nueva Unión Ciudadana, la Asociación Casppa France y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos muertos por la Delincuencia.
Los principales argumentos de la denuncia
Dentro del contenido que busca solventar el pedido a la jueza Servini se manifiesta recordar la sentencia contra los comandantes en la causa 13/84, dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Allí se apuntó que hubo 21.000 atentados cometidos por organizaciones guerrilleras, 5.215 de los cuales correspondieron a atentados con explosivos colocados en edificios, fábricas; casas; automóviles; aviones y barcos.
También suman a su argumento “la doctrina sentada por la mayoría de la Corte Suprema conformada en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de los fallos “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”, en el sentido que tales delitos no requerían tipificación por escrito previa, por cuanto se tratarían de crímenes de lesa humanidad, sancionados desde siempre por una nunca demostrada costumbre internacional”.
En otro pasaje, el escrito explica que “quienes eran jóvenes suboficiales y oficiales en el momento de los hechos, son juzgados y condenados a severísimas penas luego de 45 años, mientras que las cúpulas de las organizaciones terroristas guerrilleras, sus autoridades regionales, nacionales e internacionales, no sólo no han sido juzgadas por sus asesinatos, secuestros extorsivos, tormentos, tomas de cuarteles, de comisarías y atentados con bombas que han dejado miles de muertos, heridos y mutilados, entre ellos civiles, niños, mujeres y hombres, sino que han sido amnistiados, indultados e indemnizados como supuestas víctimas”.
Por eso piden que las penas también alcancen a los integrantes de organizaciones guerrilleras. “Si las más bajas jerarquías de las fuerzas y más de 35 ex jueces y fiscales y muchos otros civiles se encuentran juzgados y detenidos por los enfrentamientos de aquellos años, no resulta ni moral ni jurídicamente aceptable que no lo sean los autores materiales y mediatos de los aberrantes crímenes cometidos por las organizaciones terroristas que asolaron el país desde 1969 hasta 1980, y reiteraron su criminal osadía en la cobarde toma del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada en 1989, a seis años de la recuperación democrática”, culmina.
En otro orden, afirman que la doctrina “ha provocado que sean juzgados operativos militares ordenados en plena democracia contra las organizaciones terroristas, juzgándose a miles de miembros de las fuerza armadas y policías de nuestro país que actuaron en ellos de conformidad a las leyes vigentes entonces”, advierte el escrito.
Finalmente, consideran que el encarcelamiento de policías, más de 3.500 militares, ex jueces, médicos, ex fiscales, empresarios y agentes del servicio penitenciario se encuentran detenidos de forma preventiva desde hace más de diez años y que incluso 661 de estas personas murieron. Por eso reclaman por esta medida de encarcelamiento excepcional expresando que está “superando todos los límites legales”.
El atentado
La Superintendencia de Coordinación Federal estaba ubicada en Moreno 1417, en el barrio porteño de Balvanera, a pocas cuadras del Congreso de la Nación y del Departamento Central de Policía. Desde el gobierno de Onganía funcionó como uno de los principales cuerpos de represión. Durante la dictadura fue sede de grupos de tareas activo y centro clandestino de detención.
El 2 de julio de 1976, José María Salgado, un ex agente de la policía que había ingresado a Montoneros, ingresó al edificio gracias a su vieja placa policial. En su bolso llevaba una “bomba vietnamita” con 9 kilos de explosivos y perdigones; a las 13 la dejó bajo un asiento, tapada con su abrigo y se retiró. A las 13.20, la bomba explotó en el comedor del edificio, donde había alrededor de 100 personas. Unas 20 fallecieron en el acto, y 3 murieron días después a causa de las lesiones.
Horas después, Montoneros emitió un comunicado adjudicando el hecho al pelotón de combate “Sergio Puiggros”. Como represalia, según denunció la CONADEP, unos 50 de detenidos-desaparecidos vinculados a Montoneros fueron asesinados entre el 3 y 7 de julio. Salgado fue “abatido” el 3 de junio de 1977.
Los periodistas Horacio Verbitsky y Rodolfo Walsh (detenido y asesinado por la dictadura el 25 de marzo de 1977) fueron acusados como autores intelectuales del crimen. En 2007, la jueza María Romilda Servini de Cubría sobreseyó a los imputados, por considerar que “es equivocado” sostener que el delito sea de lesa humanidad. El fallo fue confirmado por la Cámara Federal porteña.
GI/FL
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