Un fiscal K y un funcionario de carrera que ganó un concurso para juez, detrás el polémico peritaje de opiniones

0
200
un-fiscal-k-y-un-funcionario-de-carrera-que-gano-un-concurso-para-juez,-detras-el-polemico-peritaje-de-opiniones

La trama del polémico informe de la oficina de la Corte tiene detrás como protagonista a un fiscal, un ministro y un secretario letrado votado como juez pero a quien le frenan su designación.

Sucede que el fiscal federal Franco Picardi tiene históricos vínculos con la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima” y actualmente tiene sintonía fina con el ministro del Interior, Wado de Pedro, uno de los operadores de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Aunque durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo gestos de acercamiento a la política judicial macrista.

Antes de llegar a ser fiscal, Picardi fue funcionario del kirchnerismo. Era el tercer hombre en importancia del Ministerio de Justicia de la Nación que encabezaba Julio Alak, secundado por el camporista Julián Álvarez.

Tras la muerte del ex fiscal Luis Comparatore, Picardi se inició un concurso en el que fue designado. Picardi es el fiscal que pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en. Delitos Complejos y Crimen. Organizado (. DAjuDeCO) el polémico informe que podría ser usado para criminalizar opiniones de Macri o Elisa Carrió, entre otros.

Este fiscal K pidió el peritaje a la DAJuDeCO en la causa por la supuesta mesa judicial macrista que impulsan los operadores de Cristina, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y el ministro de Justicia, Martín Soria.

La preocupación y malestar de la Corte es por el pedido inédito del fiscal como la aceptación de esa oficina de hacer ciberpatrullaje en las redes sociales buscando opiniones “peyorativas” contra jueces, una tarea que no estaría dentro de sus atribuciones. Originalmente, la DAJuDeCo fue la heredera de la oficina OJOTA de la SIDE que intervenía teléfonos en forma legal, luego se le agregó un cuerpo de peritos especializados en corrupción.

La DAjuDeCO la dirige el secretario letrado Juan Rodríguez Ponte y depende del camarista de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. En Comodoro Py se preguntan por qué Rodríguez Ponte -un funcionario de carrera que proviene del juzgado de Ariel Lijo- aceptó el pedido.

Sucede que Rodríguez Ponte ganó un concurso y fue nombrado por el Senado para cubrir cubrir el juzgado federal 2 en Lomas de Zamora, pero Cristina Kirchner pisa su habilitación final.

Los kirchneristas lo acusan de haber sido supuestamente el que alertó sobre las escuchas de los ex funcionarios K presos en Ezeiza, entre ellos Roberto Baratta, en las que revelan como se organizó en el juzgado de Dolores de Alejo Ramos Padilla el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas. Esas escuchas desnudaron cómo se armó la maniobra con el fiscal de ese caso, Carlos Stornelli.

La técnica usada en el informe de esta oficina es el mismo análisis de contenido que mandó a hacer Ramos Padilla en Dolores sobre notas de periodistas a quienes acusó falsamente de participar de “operaciones de acción psicológica” como las que hacen los ejércitos en guerra, dentro de la teoría del lawfare.

El presidente de la comisión de Inteligencia del Congreso, el ultracristinista Leopoldo Moreau, impulsó un informe en el que acusa a el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al camarista Martín Irurzun y a Rodríguez Ponte por la difusión de esas escuchas. En realidad, éstas habían sido grabadas en una causa contra el “Rey de la Efedrina” Mario Segovia quien preparaba un ataque con explosivos. Moreau fue más allá y había anunciado abrir un juicio político a Lorenzetti por esa difusión, aunque como se demostró en una causa las escuchas no salieron de esa oficina de la Corte.

Desde ese momento, Cristina viene presionando para que la DAJuDeCo salga de la Corte y vuelva a la órbita de la procuración general de la Nación, donde ella la había puesto luego del crimen del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman.

Mirá también

Mirá también

TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA