A un año de la llegada a Uruguay del argentino Fabián Rodríguez Simón, en el Gobierno nacional manifiestan inquietud y molestia con la justicia uruguaya porque esta aún no se ha pronunciado sobre la situación de quien fue uno de los principales operadores judiciales durante el macrismo.
Conocido como Pepín Rodriguez Simón, este abogado miembro del Parlasur por el PRO entró a Uruguay a través del cruce Gualeguaychú-Fray Bentos el 8 de diciembre de 2020 y a partir de entonces, su situación se fue complicando. Pero está sujeto a una extradición que reclama la justicia argentina y que el Gobierno aquí quiere acelerar.
En Argentina, Fabián De Sousa, mano derecha del empresario kirchnerista Cristobal López, logró que la justicia tomara su denuncia contra Simón Rodríguez por presunta presión al Grupo Indalo. Lo acusan de intentar llevar al ahogo financiero a las empresas de López y en mayo pasado, la jueza María Romilda Servini ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.
Mientras Servini lo declaró en”rebeldía” por no presentarse a la justicia de este país, Rodriguez Simón pidió refugio político en Uruguay que le fue negado. Sin embargo, mientras tanto, el pedido de extradición sigue en la Justicia oriental, que es lo que quiere la Cancillería argentina que los uruguayos apuren, aunque tienen dos años para hacerlo.
En su momento, miembros de poder judicial en Uruguay le dijeron al embajador argentino allí, Alberto Iribarne, que se iban a pronunciar con prontitud. Desde la sede diplomática en Montevideo también habían cursado otros reclamos de la Justicia en Buenos Aires que dicen que no prosperan en Uruguay. Y tienen que ver con el pedido de extradición del sindicalista Marcelo Balcedo acusado de lavado de dinero entre otros cargos.
Es decir, Pepín Simon habia presentado dos reclamos judiciales y dijo sentirse un perseguido político del kirchnerismo. Le fueron denegados dos al igual que su pedido de refugio a la Comisión de Refugiados (CORE) . Sin embargo la jueza del caso Adriana Chamsarián rechazó la orden de detención y sigue sin pronunciarse sobre el pedido de extradiciones a la Argentina.
Entre tanto en paralelo, el vicepresidente del Parlasur, el kirchnerista Oscar Laborde, montó una cruzada política contra Rodríguez Simón, en principio para expulsarlo de este cuerpo legislativo del Mercosur, donde el operador del macrismo tiene una banca.
Laborde dice que es “alarmante y preocupante” que la Justicia de Uruguay demore la extradición del parlamentario, que posiblemente sea expulsado del Parlasur por presunta “falta de decoro”. El kirchnerismo habría logrado una cantidad de votos para hacerlo.