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Aborto legal: a un año de la ley, el acceso es muy dispar según las provincias

A un año de que en Argentina el aborto sea legal, el acceso en hospitales y centros de salud mejoró, pero todavía hay fuertes desigualdades entre provincias. Es la conclusión del Proyecto Mirar, que monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Lo hizo a través de indicadores, testimonios, provisión de insumos e intervenciones.

El Proyecto Mirar -una iniciativa de CEDES e Ibis Reproductive Health– analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la nueva normativa. La ley votada el 30 de diciembre de 2020 reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive sin tener que compartir motivos. A partir de las semana quince puede pedirse por causales (violación, riesgo de salud y muerte).

Festejos en la madrugada tras la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo Foto Juan Manuel Foglia

Desigualdades

Uno de los datos más contundentes es la desigualdad en términos de salud en general entre las distintas provincias. Las cifras de mortalidad materna, por ejemplo, en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional.

También se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones. La tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la diferencia: Corrientes, Formosa y Misiones tienen las más bajas del país, con 0,6, cerca de Chaco y San Juan, con 0,9. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega a la más alta con 5,6, y Tierra del Fuego a 4.3. La media nacional es de 3.2.

El aborto era un derecho reclamado por la mayoría de las mujeres del país. Foro: Enrique García Medina.

“El reporte muestra que, así como la Argentina es un país muy desigual en muchas áreas de la vida social y política, también lo es en materia de acceso al aborto. Esas desigualdades son fruto de condiciones estructurales vinculadas a la pobreza y otras condiciones de vulnerabilidad de las adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar”, explica a Clarín Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.

“Pero son también consecuencia de la voluntad política con la cual las autoridades sanitarias ejercen rectoría y rinden cuenta sobre su responsabilidad para cumplir con la ley 27610 implementando una decidida política de acceso y garantía de calidad de los servicios de aborto. Esas desigualdades son responsabilidad de personas y pueden ser resueltas con decisiones políticas”, agrega Ramos.

Durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público. En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.

“Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional. Deberían ser la respuesta al diagnóstico más preciso que se haga: pueden ser desde ampliar la oferta de servicios en el primer nivel de atención fortaleciendo las capacidades de los equipos de salud y el acceso a IVE, también mejorando la gestión del proceso de atención, también ampliando la oferta de opciones de tratamiento medicamentoso y quirúrgico –explica a Clarín Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES-. El denominador común es ampliar acceso y opciones, aumentar la disponibilidad y fortalecer la calidad“.

Festejos interminables después de la votación. Foto: Enrique García Medina.

Acceso a la información e insumos

Proyecto Mirar analizó datos oficiales, como las consultas a la línea telefónica (es gratuita y confidencial) de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información sobre los centros de atención en todo el país. 

De enero a junio se iniciaron seguimientos de situaciones a partir de 10.529 contactos telefónicos, aunque no necesariamente todos terminaron en interrupciones del embarazo, con una alta tasa de resolución de las consultas. No hubo aumento significativo de las llamadas o seguimientos durante los primeros seis meses del año. Según el informe, podría ser porque el canal de información no está lo suficientemente difundido.

La cantidad de insumos (misoprostol) distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.

Primer año según las actoras clave

Dice el informe que el resultado es positivo para quienes tuvieron responsabilidades de gestión y provisión de servicios de aborto. Y señalan que “las múltiples experiencias de políticas y prácticas de acceso al aborto de los años previos a la sanción de la ley, junto a la visibilidad del tema generada por los debates de 2018 y 2020, construyeron un marco positivo para la implementación de la ley en este primer año”.

De todas maneras, se mencionan mejoras, como una mayor capacitación al personal de salud en técnicas de aborto y también en buenos tratos hacia sus pacientes. En materia de política pública, piden continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para terminar con las barreras que afectan el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.

La marea verde festeja que el aborto es ley. Foto: Enrique García Medina.

La ley ante la Justicia

El marco legal actual está compuesto por la Ley 27.610, el Decreto reglamentario 516/2021 y el protocolo nacional para la atención de esta práctica. Además del nacional, hay ocho provinciales que brindan lineamientos sobre la provisión de servicios.

Según el monitoreo de Proyecto Mirar, desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas. A su vez, hay procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.

Las negaciones y demoras a la provisión de IVE/ILE no cesaron tras la sanción de la ley, pero, según venimos monitoreando, ha aumentado el cumplimiento de derivar a las pacientes. En algunos hospitales con muchos objetores se ha contratado personal disponible para la práctica, y se presentaron acciones administrativas contra profesionales que hicieron mal uso de la objeción de conciencia”, explica a Clarín Agustina Ramón Michel, abogada e integrante de CEDES.

El 0800 del Ministerio de Salud de la Nación también sirve para denunciar el mal uso de la objeción, y la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores recibe denuncias a través de un formulario online si se niega la práctica en servicios de obras sociales o prepagas. 

“Las denegaciones y barreras persisten pero hoy hay más garantías institucionales, y una mayor visibilización de los límites y deberes que tienen quienes alegan objeción de conciencia. Se redujo la arbitrariedad y el maltrato de los llamados objetores -agrega Ramón Michel-. La objeción de conciencia no es un pase libre para incumplir deberes profesionales, aunque hay aún situaciones de mucha desidia, como en Misiones, donde las autoridades del Hospital SAMIC de Oberá declararon abiertamente que no iba a brindar atención de IVE/ILE”.

La especialista habla del agotamiento de quienes si prestan el servicio en lugares donde hay muchos objetores de conciencia, una cuenta pendiente que debe ser abordada por las autoridades sanitarias.

Festejos frente al Congreso. Foto: Enrique García Medina.

Cambio de perspectiva

“Lo más importante es que cambió la perspectiva, pudimos enderezarnos, levantar la frente y explicar ante la sociedad que es ley, que tenemos derecho. Transformó la vida de las mujeres y también la sensación en los equipos de salud. Si bien hay muchas personas que siguen padeciendo el estigma en relacion con el aborto, muchas más pueden consultar, llamar por teléfono, preguntar en los hosptiales cómo abortar, pudiendo nombrarlo con todas las letras” dice a Clarín Viviana Mazur, al frente de la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS de Caba.

“A los equipos de salud, la sanción de la ley les permitió sentir alivio y dar acceso a las interrupciones de embarazos. Aún así, hay mucho que trabajar en la calidad del proceso -agrega Mazur-. Pero con heterogeneidad en los diferentes territorios del país, los avances fueron gigantescos. Y a diferencia de lo que pensamos, que iba a venir el aluvión de objetores de conciencia, sucedió que muchas personas que no garantizaban el acceso por temor o dudas, a partir de la ley pudieron garantizarlo”.

Para Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis, “Sin dudas, el movimiento verde en Argentina marcó un hito en América Latina y el mundo. Fue inspiracional por el gran avance que hizo en cuanto el acceso equitativo al aborto, y hay mucho para aprender sobre su implementacion”.

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