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Bienes personales: quiénes ganan y quiénes pierden con el impuestazo

Peor que ser un extraordinario infierno fiscal como la Argentina es padecer una inseguridad jurídica tributaria galopante como la de nuestro país. Ejemplos hay de sobra, pero me enfocaré en el impuesto del título de esta nota.

Bienes Personales es un tributo ineficiente, demodé y con aporte relativamente bajo para la recaudación, que estuvo por desaparecer en la anterior gestión, en sintonía con lo que ocurre en la mayor parte del mundo.

Por motivos ideológicos más que económicos el Gobierno actual lo aumentó de manera violentísima y lo aplicó -por si fuera poco- en tándem con el mal llamado Aporte Solidario, llegando ambos en su máxima expresión a la extremadamente ridícula carga del 7,5%.

Esta semana nos llegó la sorprendente noticia de la media sanción de un proyecto que ataca, sin límite temporal, a patrimonios que ya no son exclusivos de millonarios. Es cierto que, como exigía la oposición, trae un alivio para aquellos que debían comenzar a tributar este impuesto en 2022 como producto de la inflación (el mínimo no imponible pasa de 2 a 6 millones de pesos y la exención para la casa habitación pasa de 18 a 30 millones de pesos, con actualización por IPC).

Pero este alivio es bajísimo (se paga el 0,5% desde alrededor de US$ 15.000) para lo que debería ser un verdadero impuesto a la riqueza, verdadera naturaleza de Bienes Personales. Aun con la parte “beneficiosa” de la reforma, deberán tragarse este sapo, inédito en el mundo, hasta contribuyentes de clase media/media baja. Y ese mismo alivio se va a diluir en algunos casos por la inflación (por ejemplo, quienes tengan bienes en el exterior).

Otro problema es que eleva la alícuota progresiva para bienes en la Argentina (del 1,25% al 1,5% para activos que superen los $100 millones). Para activos mayores a $300 millones la alícuota será de 1,75%.

Para activos en el exterior consolida un verdadero impuestazo a los activos, pues se prevén alícuotas del 0,70% al 2,25%. Así, se incumple la promesa legislativa del Gobierno de mantener la sobretasa para bienes fuera del país únicamente por dos años.

Además, no se subsana uno de los principales problemas, que es que el tributo grave activos sin posibilidad de deducir las deudas.

El resultado parlamentario de esta semana se exhibió como una aparente victoria del Gobierno, torpemente obsequiada por todo el arco opositor, pues éste podría haber esperado al próximo año para exigir al oficialismo que se aumenten los mínimos a partir de los cuales se tributa. Si bien la irretroactividad en materia tributaria se encuentra vedada por la Constitución Nacional, ello no es un problema cuando las reformas son en beneficio del contribuyente.

Sin embargo, la aludida victoria encuentra nubarrones, no subsanables, aun con la aprobación del proyecto en el Senado, porque éste contiene vicios que podrían entorpecer su aplicación práctica.

Los vicios aparecen en su origen, ya que la ley fue erróneamente iniciada en la Cámara de Senadores. Al tratarse de un cambio impositivo, ello debió haber ocurrido en Diputados, a quienes les “corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones” según nuestra Constitución Nacional.

También la Ley Fundamental contiene la imposibilidad de tratar propuestas que han sido desechadas por el Congreso en el mismo período. Por lo tanto, al haberse aprobado un “revival” del aumento de Bienes Personales contenido en el proyecto de Ley de Presupuesto a pocos días de haber sido desechado por Diputados, si se consagrase su aprobación final, sería una ley inconstitucional.

Luego de innumerables castigos del Gobierno hacia el ahorro e inversión privada, quienes todavía residen fiscalmente en el país y se vean afectados por la nueva ley optarán por litigar, con muy sólidos argumentos, o buscar otras vías legales de minimizar el impacto de este burdo despojo. Otros, que no puedan o no quieran afrontar un litigio, tal vez intenten volcar parte de sus activos hacia la informalidad.

En cualquier caso, la fuga de residentes fiscales y de empresas seguirá produciéndose en este país cada vez más inviable que es la Argentina. En ningún país del Mercosur se castiga de este modo al capital, que como es sabido, es limitado.

Otro aspecto no menor es que la recaudación de estos polémicos gravámenes distrae de manera insólita los recursos de la AFIP para fiscalizar otros tributos que son mucho más importantes en términos económicos.

En definitiva, con la nueva ley perdemos todos. Pero a nuestros mandatarios eso parece no importarles.

(*) Abogado especializado en Derecho Tributario. Socio en Expansión Holding

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