Un fiscal K favoreció a Axel Kicillof en la causa por modificar el método para medir el PBI y no pagar así más a los bonistas

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El Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y miembro de la agrupación K, Justicia Legítima, Javier De Luca desistió del recurso de casación interpuesto por otro fiscal y así dejó firme el sobreseimiento del ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof. Fue en el marco de una denuncia por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

​“Una eventual mala decisión en esos ámbitos no genera responsabilidad penal por sí sola”, dijo el fiscal De Luca.

Agüero Iturbe había apelado la decisión de la Cámara Federal que había beneficiado procesalmente a Kicillof por haber cambiado, en 2004, el método de medición del PBI para evitar el pago de un cupón a tenedores de deuda pública.

Ese cambio tuvo como efecto un índice más bajo de crecimiento económico de la Argentina y permitió que se pagara menos el pago del llamado cupón PBIa los bonistas.

Con el criterio de ser una decisión política no judiciable., Kicillof había sido sobreseído en la causa Dólar Futuro en la que se investigaron si hubo delito al provocar una pérdida de 46 mil millones de pesos al Banco Central.

En cambio, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, falló el año pasado en contra de Argentina en la causa que el fondo de inversión Aurelius Capital Investment le inició por modificar en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el mecanismo de medición del PBI nacional.

La magistrada norteamericana argumentó en su resolución que Argentina “no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI”.

De Luca, en un dictamen presentado el miércoles, desistió del recurso de Agüero Iturbe y consideró que no había delito por investigar. Así, el fallo de la Cámara Federal quedó firme y el caso, definitivamente cerrado.

De Luca se remitió a los argumentos a los fallos de Servini y la Cámara Federal, y sostuvo que “no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado el Estado” y si ese perjuicio no es consecuencia de alguna conducta dolosa.

El fiscal consideró que los denunciantes no explicaron cómo Kicillof podría haber perjudicado a las arcas públicas.Según la denuncia, el “ardid” de Kicillof habilitaría “reclamos millonarios que excederían ampliamente lo que debiera haberse abonado oportunamente”.

“En efecto, si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior”, dijo el fiscal de Justicia Legítima.

De Luca dijo además que un cambio de criterio en el modo de medir el PBI no puede, tampoco, ser considerado como un falseamiento “per se”. “Se trató de la adopción de medidas dentro de las facultades legales de un ministro de economía”, manifestó. 

Y afirmó: “La hipótesis de la denuncia solo podría ser considerada si se presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores, para que estos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis,los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”.

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