La justicia federal procesó este viernes a seis personas por los destrozos y daños contra el Congreso de la Nación y el despacho de Cristina Kirchner el pasado 10 de marzo, cuando se debatía en la Cámara de Diputados la firma para el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Quien lo decidió fue la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, quien analizó los informes que ella misma había pedido cuando dispuso medidas de prueba para identificar a los responsables de los destrozos.
Los sospechosos fueron identificados con un “software” del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, indicaron las fuentes.
Los procesados son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.
Por el ataque al Congreso procesaron a 6 personas. Foto Juano Tesone
“En las circunstancias señaladas, a partir de las 15:00 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de ‘gomeras’ elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad”, reseñó la jueza Capuchetti en el fallo.
Detalló que “estas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio”.
Y siguió: “De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública”, explicó la jueza en el fallo de 66 páginas que incluye fotos de los momentos en los que los procesados arrojaban las piedras o rompían las veredas, según el caso.
En otro fallo, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por la Directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la cámara alta.
Los Iincidentes en el Congreso correspondel al 10 de marzo. Foto Juano Tesone.
El ataque contra el Congreso tuvo lugar el 10 de marzo, mientras se trataba en el recinto la reestructuración de la deuda contraída con el FMI. Poco después de las 15, un grupo de manifestantes comenzó a lanzar piedras y bombas molotov contra el recinto, que causaron destrozos en la oficina de Cristina Kirchner, que se encontraba reunida con su equipo.
Sobre la ventana de su despacho además aparecieron pinturas en color rojo, lo que llamó la atención de las autoridades. Una de las sospechas es que “señalaron” la oficina de la vicepresidenta.
Horas más tarde, la propia Cristina tuiteó un video que mostraba cómo quedó su despacho, destruido por los piedrazos que ingresaron por las ventanas. Había mesas rotas, adornos, fragmentos de ventanales y muchos cascotes.
El video, sin embargo, era más lapidario respecto a la aprobación del acuerdo con el FMI que de la agresión en sí. Luego de Cristina, varios referentes de La Cámpora criticaron a la Casa Rosada por no denunciar el ataque.
Como respuesta a ese reclamo el Gobierno le sacó el plan social a uno de los que estuvieron involucrados en el ataque al edificio. Fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el encargado de anunciar la decisión.
La medida fue contra Oscar Santillán, quien cobraba $33.000 mensuales por el programa Potenciar Trabajo y que quedó detenido el día de los incidentes.