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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró que “es necesario que avancemos de una buena vez en sancionar y ponerle fin a este entuerto que ha generado la Corte Suprema” en torno al Consejo de la Magistratura, al exponer en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para defender el proyecto impulsado por el oficialismo.
Soria sostuvo que el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura sancionado por el Senado “es inobjetable” y afirmó que la iniciativa “no excluye la representación de ninguna instancia judicial y garantiza la armonía y el equilibrio entre cada uno de los estamentos” del organismo.
Según el ministro de Justicia, el fallo de la Corte Suprema que devolvió la vigencia de una ley derogada del Consejo de la Magistratura fue “una intervención política y no jurídica” para “meterse por la ventana” en el organismo.
“Si quieren hacer política, que se saquen la toga como hacemos cada uno de nosotros en cada una de nuestras ciudades”, afirmó Soria, al señalar que “hay una ley que le impide a los magistrados actual en política”.
Soria formuló estas afirmaciones en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) y de Justicia, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde expuso en torno al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por el oficialismo y que cuenta con media sanción del Senado.
“Se trata de saber si todos queremos un Consejo de la Magistratura que funcione más equitativamente, que sea menos corporativo o por el contrario quieren concentrar el poder en manos de unas pocas personas o en una persona”, aseveró el ministro.
En tanto, Soria reiteró que el texto del Poder Ejecutivo, aprobado con cambios por el Senado, “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo, para que diputados y diputadas puedan incorporar aportes y consideraciones”.
Recordó además que en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri se presentó “un proyecto similar” para reformar el Consejo de la Magistratura y sostuvo: “Llama la atención que algunos quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, en referencia a los legisladores de Juntos por el Cambio.
De esta manera, Soria defendió el proyecto sancionado por el Senado que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
Tras la exposición del ministro, el oficialismo continuará en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.
En ese marco, el FdT, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de reunir el quórum de 129 diputados para habilitar el inicio de una sesión.
En contra del texto enviado por el Senado ya se expresaron los 116 diputados de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro “libertarios” y algún miembro de monobloques.
Ante esta situación de paridad, el interbloque Federal, que cuenta con ocho integrantes que responden a tres espacios políticos diferentes, Identidad Bonaerense, el socialismo santafesino y Córdoba Federal, podría ser clave.
El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que había sido dispuesta en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones por la falta de conformación de comisiones.
Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse semanas atrás con la composición de 20 integrantes y ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
De ese plenario participaron también el senador nacional peronista Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes, los dos últimos consejeros en integrarse al cuerpo, designados por sus respectivas cámaras, de acuerdo con lo ordenado por la Corte.