Denuncian a un gremialista de peluquerías por administración fraudulenta

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La diputada Paula Oliveto (JxC) presentó una denuncia judicial contra el dirigente gremial de los peluqueros, Santos Abel Hernández, por el desvío de fondos para capacitación y el alquiler de departamentos propios al gremio.

“Le alquila al gremio que representa un edificio que está a nombre de él. Y pedimos que el juez investigue si sus empresas le prestan servicios al gremio de los peluqueros o a la obra social de UP, donde también figura como uno de sus principales directivos”, dijo Oliveto a Clarín.

La causa judicial quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En la denuncia, la diputada de la Coalición Cívica solicitó que “se investigue la conducta de Santos Abel Hernández por la probable comisión del delito de administración fraudulenta y/o por el tipo penal que surja de la investigación que surja de la pesquisa”.

Allí pidió investigar “la actividad, estados contables, vinculaciones, cuentas bancarias y colocaciones en instituciones nacionales y extranjeras, monto de adquisición de bienes inmuebles, embarcaciones, aeronaves y automotores” de Hernández, el Sindicato de Peluquerías de Buenos Aires y la Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería.

La Federación recibe el 2% de los ingresos de cada peluquero, que no puede ser inferior al 5% del salario mínimo de la actividad, para un fondo especial que tiene como objetivo capacitar a los afiliados y mejorar las condiciones de trabajo, entre otras.

“Sin perjuicio del loable objetivo del fondo dispuesto por la ley, el señor Hernández se habría apoderado del dinero del mismo durante años, en detrimento del patrimonio del sindicato y de la federación, ello de conformidad con las manifestaciones públicas efectuadas por Fabio Cuggini”, planteó Oliveto en su denuncia judicial. 

La diputada opositora se basó para su denuncia en una investigación que hizo el peluquero Cuggini, quien le aseguró a Clarín que Hernández “sería como un Yabranito y el nuevo Pata Medina de los peluqueros”.

Según Cuggini, Hernández es “el histórico dirigente de los peluqueros”, que fue su secretario general del sindicato y la federación durante muchos años, desde la época de la dictadura, en 1982, luego fue diputado menemista y finalmente quedó como “apoderado del gremio y puso a toda su gente a cargo del sindicato”.

“Pero Abel nunca fue peluquero, es abogado y la que era la telefonista, ahora es secretaria general de los peluqueros”, aseguró el polémico estilista de los famosos.

Cuggini dijo que Hernández también sería directivo de la obra social Unión Personal, de UPCN, ya que “aparece como su presidente firmando un convenio con el gobierno porteño, en enero de 2018, por 98 millones de pesos”. Y agregó que Hernández fusionó la obra social de los peluqueros con la de UPCN, en el año 2000, pasando luego a ser directivo de esa obra social de los empleados estatales. 

Según surge de datos del Ministerio de Trabajo, el Sindicato Único de Trabajadores de Peluquerías, Estética y Afines de Buenos Aires tiene 6.927 afiliados. Y en su última Memoria, correspondiente al ejercicio 2020, presentó un déficit operativo de $21 millones de pesos, a los que se sumaron otros 11 millones de déficit por “el contexto inflacionario”.

En la denuncia presentada por Oliveto, se aseguró que “en el devenir de esta administración fraudulenta, durante la cual no se efectuó ningún tipo de capacitación para los trabajadores, el señor Hernández renunció a su cargo (de secretario general) en el año 2000, y continuó actuando como abogado, asesor legal y apoderado”.

“Posteriormente la obra social materializó una fusión con UPC, en ese momento eran 13.000 afiliados y comenzaron a pagar sumas exorbitantes de salarios a los miembros directivos del sindicato”, planteó Oliveto en su denuncia judicial.

Y añadió que “se ha logrado determinar la participación del denunciado en distintas instituciones y empresas”, mediante las cuales puede “realizar operaciones con medicamentos y otras prestaciones de salud, que serían ficticias y utilizadas de manera fraudulenta para el desvío de fondos de la obra social”.

Por ejemplo, la diputada de Juntos por el Cambio mencionó una deuda de 25 millones de pesos que habría contraído el sindicato de los peluqueros y la adquisición de un edificio para el gremio, en el año 2021, con una sociedad en la que participaría Hernández. ​

“En virtud de las distintas maniobras fraudulentas descriptas en los párrafos que anteceden, el señor Hernández habría aumentado su patrimonio de forma desproporcionada con sus ingresos y el entramado societario que integra sería prueba de ellos”, concluyó Oliveto su denuncia ante la justicia federal.  

Clarín intentó comunicarse con Hernández, para consultarle por estos temas, pero el gremialista no respondió.

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