Nunca le faltó ni le faltará plata del gobierno nacional a Axel Kicillof, ni en los años electorales, ni en aquellos que no lo son y, mientras resulte posible, así será siempre en cantidades inalcanzables para cualquiera de sus pares. Otra cosa es cómo gasta la plata y una crucial, que los habitantes de Buenos Aires perciban clara y concretamente la mejora y la conviertan finalmente en votos.
Durante el 2023 de las presidenciales, tal como informó Clarín, la Provincia dispondrá de $ 200.000 millones del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, una cuenta alimentada con la coparticipación impositiva que el kirchnerismo le quitó a la Ciudad Autónoma en septiembre de 2020. Es decir, en pleno conflicto con Horacio Rodríguez Larreta por el traspaso de la policía.
Pero aun cuando suena a muchísimo, y ciertamente lo es, eso representa apenas una parte de la montaña de dinero que la Casa Rosada maneja por afuera del Presupuesto Nacional con el conocido método de subestimar el cálculo de ingresos y luego administrar el excedente. Previsible, los especialistas le dicen a este sistema transferencias discrecionales y cantado, Kicillof siempre saca el premio mayor.
Una primera muestra de la jugada aparece ya, en cifras de 2022, y luce a intento para empezar a recuperar posiciones perdidas en el harto decisivo territorio bonaerense. Esto es, allí donde Cristina Kirchner concentra su capital electoral, donde le urge salir lo más airosa posible y donde se dirime, al fin, gran parte del destino político del Frente de Todos.
Bien de ese mundo, los números de un informe de la consultora especializada Aerarium cuentan, justamente, que entre enero y julio Buenos Aires recibió $ 152.152 millones bajo la forma de transferencias discrecionales, un 100% más que en los mismos siete meses del año pasado o 30 puntos por encima de la inflación. Sobre una torta de $ 352.546 millones, la tajada da un notable 43%.
Sin ningún cuidado por las formas, la discriminación, política o lo que sea, salta evidente cuando se completa el cuadro y el resultado señala que 23 provincias, incluida CABA, deben repartirse el 57% restante, o sea, apenas un poco más que la mitad. Eso se llama, sin vueltas, convertir al Estado en un instrumento propio.
Para que se entienda mejor todavía de qué hablamos, a Santa Fe, la primera del lote de 23, le tocaron $ 20.946 millones o el 6%; un 5,6% a la Ciudad Autónoma y el 4,3% a Córdoba. En el fondo de la tabla, para Chubut hubo $ 1.937 millones o el 0,5%.
Una expresión de lo mismo dice que del paquete discrecional asignado para salud y subsidios a hospitales Buenos Aires recibió un 42% y nada menos que 70% en el reparto de planes sociales y asistencia alimentaria. Un caso aún más potente: los fondos para salarios docentes que obtuvo Kicillof quintuplicaron a los de Omar Perotti, el peronista que gobierna Santa Fe en este raro tiempo de cristinismo peronista.
Queda claro, nuevamente, que los datos crudos explican las cosas mejor que unos cuantos relatos y, sobre todo, que aquellos truculentos que pretenden hacer pasar gato por liebre. De regreso al muestrario contante y sonante salta una conclusión que está a la vista: al ritmo que corre la plata, los $ 152.152 millones de enero-julio rondarán $ 260.000 millones a fines de diciembre de 2022.
También cuesta casi nada afirmar que, entrada la recta que lleva a las elecciones, los 200.000 millones presupuestados para todo el 2023 se habrán quedado cortos y serán agregados unos cuantos miles de millones a la caja provincial.
Vale aclarar, a todos los efectos, que el reparto de los recursos no guarda ninguna relación con la cantidad de habitantes de cada provincia ni con sus necesidades. Y precisar, también, que arriba del 85% de los fondos contabilizados hasta aquí fueron a financiar gastos corrientes o, si prefiere, a sostener el pago de salarios estatales que en Buenos Aires consumen cerca del 50% del presupuesto.
Hay en esta historia una consigna de hierro que Néstor Kirchner amasó y utilizó en Santa Cruz y luego desplegó sin respiro en Buenos Aires o, mejor dicho, sin darle respiro a sus hombres en la Secretaría de Hacienda. Visiblemente a la medida de sus ambiciones, el lema dice que plata es igual a poder y, de seguido, que cuanta más plata se logre acumular mayor será el poder acumulado.
Pero la clave no ancla sólo en la consigna, sino en el cómo se la aplica y en qué casos conviene aplicarla, es decir, en el método. Funcionarios de la más absoluta confianza de Kirchner, habituados al cumplimiento de cada orden al pie de la letra, cuentan que para él la fórmula era igual a un sistema de premios y castigos y contra garantías firmes. “Lo hacía obsesivamente, a veces impiadosamente”, decía uno de ellos.
También del manual K de las transferencias a dedo y de la época de Daniel Scioli gobernador viene una aplicación que se replica, hoy, en Buenos Aires y en otras provincias de las consideradas fuertes. Consiste en que los fondos vayan directo a los intendentes, sin pasar por los despachos de los gobernadores ni, por lo tanto, sin posibilidades de ser intermediados por gobernadores.
El método vale para Kicillof y para el resto. Y por fuera de eventuales desconfianzas, de secretos nada eventuales y de sospechas en cadena, apunta a transar y regatear con quienes operan propiamente en el campo de batalla, antes y durante la elección.
Entre enero y julio se llevan movilizados en ese espacio casi $ 50.000 millones que superan en un 61% largo al paquete de enero-julio de 2021. Ninguna sorpresa tampoco aquí: los intendentes de Buenos Aires fueron los grandes triunfadores, con el 53% de la torta, contra 9% de los cordobeses y 7% de las comunas entrerrianas, sus competidores digamos más cercanos.
Esta vez el 94% de la plata, que es como decir toda la plata, se destinó a obras públicas, empezando por las del Plan Argentina Hace orientadas a generar trabajo en ciudades y barrios de los conurbanos. Siguen las clásicas de Vialidad Nacional y escasean, en cambio, las inversiones en viviendas o en las llamadas soluciones habitacionales.
Con recursos que crecen al mismo ritmo que la inflación y hasta le sacan ventaja a la inflación, es evidente que al menos en este punto manda la consigna de proteger a Buenos Aires de los guadañazos del ajuste. Se entiende, proteger a los réditos políticos que puede reportar eso a lo que le queda muy chico decirle plan platita.
Hasta aquí, todo a la medida de las necesidades del cristinismo, incluido, ya que está, Axel Kicillof. Todo menos un detalle llamado desprotección social a niveles cada vez más peligrosos e insostenibles y, encima, críticos en un gobierno que presume de nacional y popular.
Vale poco o nada el rebote de la actividad económica cuando el INDEC cuenta y remacha que en el conurbano bonaerense hay 12,7 millones de pobres, de los cuales un millón y medio son indigentes, o sea, gente que vive en los márgenes del sistema.
Puesta en porcentaje, la pobreza bonaerense llega a un tremendo 42% que supera en 5,5 puntos porcentuales al ya considerable 36,5% que marca la media nacional. Peor aún: salvo Concordia, el del GBA es el registro más alto entre los 32 aglomerados que releva el instituto de estadística oficial.
Como si fuese posible desentenderse de aquello donde tiene arte y parte a montones, Cristina Kirchner acaba de reclamarle a Sergio Massa “una intervención más precisa y efectiva en el sector de los alimentos y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.
Sólo un par de números para poner la asociación lícita que hizo Cristina en el cuadro en que verdaderamente va. Desde enero de 2019, el costo de los alimentos medido por el INDEC subió 241%, casi tanto como el 240% de la canasta que define la línea de indigencia aunque menos que el 264% de la carne.
Por si no se advirtió, esto pasa y seguirá pasando en un gobierno donde la jefa real es la misma Cristina Kirchner que protesta.