Este martes habrá otra huelga, tras una semana de tomas en colegios. El rol de estudiantes, docentes y el Gobierno porteño en el conflicto.
Gremios docentes, estudiantes y Gobierno porteño han creado en los últimos diez días una tormenta perfecta: tres vértices del “Triángulo de las Bermudas” de la educación pública, con la salvedad de que el tercero, la Ciudad, tiene la responsabilidad de evitar el naufragio.
El jueves 22 de septiembre fue el primer paro. El viernes 23, el Mariano Acosta echó a rodar la bola de nieve de las tomas. Comenzado octubre, otra huelga de UTE y Ademys tendrá lugar este martes 4, con marcha a la Jefatura de Gobierno incluida.
Como si la pandemia no hubiera sometido ya la presencialidad escolar lo suficiente en el último tiempo, la pelea entre la comunidad educativa y el Gobierno de la Ciudad parece empecinada en ponerla de rodillas todavía un poco más.
Cada cual desde su trinchera. Tanto los que llevan adelante las medidas de protesta como las autoridades políticas que las condenan consideran que sus posturas y acciones irreconciliables enarbolan la defensa de la educación pública.
Sin embargo, los efectos colaterales de la disputa, ante el redoble del reclamo y la falta de una respuesta oficial eficaz, podrían llegar a ser más perjudiciales que la gravedad del diagnóstico del que se parte para sostener en agenda el conflicto.
Las últimas medidas de fuerza estudiantiles han mostrado una difícil convivencia entre los alumnos más y menos “politizados”. El segundo grupo cree que hay déficits del Estado, pero que la continuidad de las clases es un tesoro sólo profanable en casos de gravedad extrema.
Algunos de ellos se manifestaron el último viernes en la toma del Lengüitas. Los presentes se quejaban de que los que se oponían por Whatsapp eran muchos más de los que se habían dejado ver en la vereda de Palermo.
Algo de eso pasa en general. En la Ciudad hay unos 90 mil alumnos de escuelas secundarias públicas. Los que votaron las tomas son menos del 10 por ciento del total. La mediatización de la protesta amplifica las voces cuyos discursos se arroban la representación del conjunto.
Hay, también, un divorcio manifiesto entre las autoridades porteñas y las comunidades educativas de las escuelas públicas más politizadas. No es una revelación que la gran mayoría de los que integran ese colectivo no simpatiza con el oficialismo local.
En ese ring, la ministra Soledad Acuña ha respondido con amenazas de sanciones, en vez de buscar una salida pragmática. Sus interlocutores no parecen ser las familias de esas escuelas públicas, sino las de las privadas: el electorado de Juntos por el Cambio que en su mayoría mira el conflicto desde la platea.
Las denuncias judiciales contra padres de alumnos y la difusión de fotos de los destrozos en las tomas componen un juego de fidelización del voto propio y probablemente de seducción dirigido a los que puedan estar pensando en depositar su confianza en Javier Milei.
Todo lo cual deriva en que los alumnos y docentes que en este contexto toman edificios y hacen paros se vuelven -quieran o no- funcionales a la lógica electoral sin diálogo que poco tiene que ver con las soluciones que necesita la educación pública.
El conflicto retroalimentado desde ambos lados de la grieta tiende a expulsar -en la medida que el bolsillo lo permite- a las familias que observan esa vidriera -la parte por el todo- y ya sea en el futuro cercano o en el presente convulsionado prefieren no ser títeres de una disputa partidaria.
El éxodo -el que ya viene ocurriendo y el potencial- redunda en un evidente deterioro de lo público, el privilegio del relato único, la creciente anulación del disenso: la consagración de la grieta en sacrificio de una institución -la escuela pública- que en el pasado supo ser la gran herramienta de igualación social.
¿Cómo protestar sin bastardear la protesta? ¿Cómo evitar que la forma del reclamo haga del remedio algo peor que la enfermedad? Son desafíos que deberían asumir hoy los que quieren defender la educación pública.
Las respuestas son más complejas que un puñado de tomas estudiantiles, una seguidilla de paros docentes o las mil y una estrategias oficiales para tratar de empatizar con los vecinos contribuyentes.
PS