En un encuentro en la UADE, expusieron sobre el tema la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la victimóloga Hilda Marchiori y la filósofa Diana Cohen Agrest.
La Asociación Civil por los derechos de las víctimas de homicidio y femicidio Usina de Justicia realizó este viernes su Evento Anual, como parte del convenio que suscribió con la UADE. Fue en un salón de esa universidad, con la asistencia de más de 250 personas y la participación de tres oradoras que expusieron acerca del nuevo rol de la víctima en el derecho penal.
El encuentro fue moderado referentes de la UADE: el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Nicolás Durrieu y el director de la carrera de Abogacía, Patricio Cetrángolo.
La primera conferencia estuvo a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. En su doble condición de funcionaria judicial y víctima indirecta, reconoció: “Las víctimas no tienen voz, pero en nuestra lucha están hablando a través de nosotros”. Y que esa lucha es a perpetuidad porque el duelo no se cierra porque es un modo de sostener el vínculo presente con quien ya no está.
La víctima indirecta es “la elegida del sistema penal para expiar las culpas de un Estado ineficiente que no pudo garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la Justicia”, dijo Arroyo Salgado.
Tras observar que el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) no funciona como debería hacerlo, en la medida en que no se ocupa de la atención jurídica, Arroyo Salgado subrayó que es necesario un nuevo paradigma, un cambio cultural que puede comenzar con los actores de la función pública, quienes deben ser formados para alojar a las víctimas del delito.
La autora de la siguiente conferencia fue la victimóloga Hilda Marchiori, un ícono de la temática en la Argentina, directora de la revista Victimología y miembro de la Asociación Mundial que nuclea a los estudiosos de esta especialidad. Ausente por razones de salud, Marchiori siguió a distancia desde Córdoba su ponencia, leída por María Jimena Molina.
Entre otros conceptos, en su texto Marchiori sostuvo que “el delito modifica profundamente la vida de absolutamente todos los miembros de la familia, con consecuencias inimaginables en sus vivencias. Los integrantes de la familia de la víctima no son víctimas indirectas, son víctimas que sufren la pérdida de un vínculo profundo y existencial que cambió sus vidas”.
El trabajo de la especialista clasifica el concepto de ”impunidad” en un espectro que cubre desde la falta de denuncia por parte de la víctima hasta la prescripción del delito.
Finalmente, la presidenta de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, cerró el encuentro con una exposición que planteó una serie de interrogantes: “¿Por qué el imputado puede mentir en su declaración? ¿Por qué el imputado tiene defensor oficial desde que cometió el delito hasta que sale de la prisión y la víctima no tiene a nadie? ¿Por qué no se alienta la participación de las víctimas en el proceso penal y en la ejecución de las penas, en paridad de condiciones con las del imputado y el agente fiscal?”,
La filósofa también se preguntó por qué el derecho en la Argentina “se centra en ciertos colectivos de víctimas (de género, de violencia institucional, de trata, entre otras) y olvida a las víctimas de homicidio y femicidio“. Y por qué en el juicio por jurados, si el imputado es declarado culpable puede recurrir la sentencia, pero si es declarado inocente, la víctima no puede apelar. “Son preguntas sin respuestas que merecen ser revisitadas”, concluyó.