La organización advirtió por la “retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del Gobierno”.
En medio de la tensión y las críticas al Gobierno por su avanzada contra la Corte Suprema, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un muy duro informe en el que denuncia que las reformas que el Ejecutivo quiere hacer en la Justicia “podrían socavar la independencia de tribunales y fiscales“.
En el documento, HRW advierte que “autoridades de alto nivel han utilizado una retórica hostil contra jueces y fiscales que deciden en contra del gobierno o investigan la presunta participación de la vicepresidenta en hechos de corrupción”.
En el mismo apartado en el que dan cuenta de la independencia judicial y del Ministerio Público Fiscal, el informe advierte que “el gobierno de Fernández y sus aliados introdujeron varias reformas al sistema de justicia que podrían socavar la independencia de los tribunales y de los fiscales”.
En otros aspectos, señalan que la aprobación de un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de 5 a 15 jueces “es una medida que gobiernos anteriores han utilizado para cooptar” al máximo tribunal.
También advierten que “el procurador general en funciones se encuentra en calidad de interino desde 2018” y señala que en 2015 “la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces permanentes, que provoca que los jueces subrogantes ocupen los cargos durante años, atenta contra la independencia judicial“.
La denuncia de HRW por el avance contra la independencia judicial se da mientras el presidente Alberto Fernández impulsa el debate en Diputados del pedido de juicio político a la Corte Suprema.
Pese a los duros cuestionamientos por su avanzada contra la Corte, el Presidente se reunió la semana pasada con el jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez , y la presidenta de la comisión de juicio político, Carolina Gaillard. Ellos serán los encargados de presentar el proyecto en la Cámara Baja.
El impacto de la crisis económica
El informe también repasa la crisis económica y sostiene que “afecta de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y limita severamente la capacidad de las personas de ejercer sus derechos económicos”.
Y advierte: “El gobierno informó que el 36,5 % de la población vivía en situación de pobreza al mes de junio de 2022, una reducción del 0,8 % desde diciembre de 2021. Las personas que viven en situación de indigencia—es decir, aquellas que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias más básicas—representaban el 8,8 % de la población, un incremento del 0,6 % desde diciembre de 2021”.