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Cristina Kirchner quiere que la Justicia investigue si la Policía de Ciudad conspiró en su atentado

La causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue con los “Copitos” en el banquillo, no han avanzado las líneas que se impulsaron desde el entorno de CFK buscando “responsables políticos” del hecho, pero en un nuevo intento por sacar a la causa de su inercia, los abogados de la exmandataria le pidieron este viernes al fiscal federal Carlos Rívolo que ordene medidas de prueba “para investigar la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad en el intento de magnicidio del pasado 1 de setiembre”.

“Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señala el escrito, presentado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.

“Llamativamente, hasta el momento, se ha investigado a la Policía Federal y a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pero no a la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado”, indicó el documento. El escrito apunta especialmente contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro.

El petitorio está dirigido al fiscal Rívolo pues es él quien tiene delegada la investigación por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Entre las medidas de prueba propuestas, el escrito de los abogados de Cristina Kirchner considera que “debería oficiarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que remita los legajos de todos los efectivos dispuestos en los operativos de seguridad desplegados en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su domicilio, tanto personal, como respecto del Honorable Senado de la Nación y el Instituto Patria, entre los días 20 de julio y 1 de noviembre de 2022”.

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“Además, debe citarse a prestar declaración testimonial a todos los comisarios dispuestos en el lugar de los hechos. Y requerirse el entrecruzamiento de llamadas de todos los abonados telefónicos de los efectivos dispuestos por la Ciudad de Buenos Aires en el lapso indicado”, agrega la propuesta de los querellantes.

Sobre el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, los abogados pidieron “que identifique a todas las personas que realizaron filmaciones y tomaron fotografías sobre el domicilio de la vicepresidenta, envíe sus legajos y explique a qué se debían esas tareas y si se realizaron con orden judicial”.

“Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de vicepresidenta”, subraya el documento.

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En ese contexto, Ubeira y Aldazábal remarcan que “el 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra la vicepresidenta de la Nación, el fiscal Leonel Gómez Barbella le advirtió a D’Alessandro que podrían producirse hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que solicitó reforzar la seguridad del lugar”.

“Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni contestó el oficio enviado por el fiscal federal, ni reforzó la seguridad del lugar. “Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes”, refiere el escrito.

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