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El Banco Central apunta a los depósitos por US$ 1.700 millones de las provincias y busca sostener su poder de fuego

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Los gobernadores se resisten a usar sus fondos. Tienen que pagar US$ 462 millones en 2023.

Sin dólares a la vista, el endurecimiento del cepo abrió un nuevo capítulo con el cierre del grifo para el pago de las deudas de las provincias en la moneda estadounidense. Si bien los gobernadores podrían intentar refinanciar los bonos que tienen emitidos, todo indica que la medida apunta a que utilicen parte de sus depósitos en dólares por US$ 1.700 millones, según Aerarium.

Los fondos públicos en la mira del Banco Central corresponden a ahorros, regalías, bonos o activos en dólares y compras de las provincias en el mercado único de cambios. Esta última es la puerta que ahora se cerró, luego de concluir el dólar soja con un magro resultado y abrirse un panorama de mayor incertidumbre, en medio de la falta de señales de China, Brasil y Estados Unidos.

Al igual que ocurrió con la deuda de las empresas en 2020, el Banco Central comunicó este jueves que los distritos tendrán acceso al 40% de los dólares para pagar vencimientos de capital y el 60% deberán refinanciarlos. Los pagos pendientes suman US$ 462 millones en 2023, por lo cual el monto que deberían afrontar por su cuenta es de US$ 276 millones.

Fuente: Aerarium con datos del BCRA.

Fuente: Aerarium con datos del BCRA.
Según un relevamiento de Aerarium, las provincias con mayores vencimientos en lo que queda del año son Córdoba (US$ 259 millones), Mendoza (US$ 40 millones), Chubut (US$ 39 millones), Salta (US$ 35 millones), Entre Ríos (US$ 25 millones) y Neuquén (US$ 20 millones). Sin embargo, cuando se mira caso por caso, no todos los gobernadores tienen fondos suficientes para pagarlos.

No es el caso de Axel Kicillof. Buenos Aires es el distrito con más dólares ahorrados (US$ 500 millones) y sin vencimientos de capital este año, tras reestructurar su deuda en 2021. En segundo lugar, le sigue CABA  (US$ 410 millones), sin pagos previstos. Y en tercer puesto, Mendoza (US$ 194 millones), con recursos suficientes para afrontar compromisos.

Después de Jujuy y Salta, la más complicada es Córdoba. La provincia gobernada por Juan Schiaretti presentó un amparo contra la resolución del BCRA por «discriminatoria y anti federal». Si usara los US$ 171 millones de sus depósitos para pagar el 60% de los vencimientos, debería gastar US$ 155 millones y el grueso se esfumaría el próximo 10 de junio.

Los caciques ven en la medida un gesto de «desesperación», que ni siquiera sirve para frenar la pérdida de reservas. A diferencia de las empresas, varias gobernaciones tienen sus fondos en los bancos provinciales, que a su vez los encajan en el Banco Central. Eso significa que si usan sus dólares para la deuda, las reservas brutas van a seguir en caída.

Otra opción es reestructurar y emitir nuevos bonos en dólares, pero la mayoría dejó de hacerlo en 2017 y representaría un dolor de cabeza. Primero, porque deberían resolver en semanas o meses lo que a Martín Guzmán le llevó dos años con los acreedores privados hasta 2021. Y, segundo, porque tendrían que afrontar tasas desde el 11% hasta el 36% anual por títulos a 2025-2028.

«Fondo de olla»

En marzo, el Banco Central ya había dado un primer paso premonitorio. Fue cuando dispuso que los organismos estatales no financieros con saldos en moneda dura en bancos comerciales los pesifiquen. La medida tuvo un impacto directo: los US$ 1.660 millones en manos de los entes nacionales al 28 de febrero se redujeron a US$ 930 millones en marzo. 

«Los fondos del sector público no financiero cayeron un 20% cada mes y fue un antecedente de lo que hacen para darle más poder de fuego al Banco Central, es fondo de olla y fue por un monto similar al que tienen las provincias ahora, US$ 1.700 millones al cierre de marzo», señaló Guillermo Guissi, economista de la consultora Aerarium.

La decisión generó más dudas que certezas en los ministerios de Finanzas provinciales. Es que los menos de US$ 300 millones que puede ahorrar el BCRA con el nuevo cepo equivalen a tres semanas de intervención en los dólares paralelos, que cada vez más se acercan a los $ 500. Por esa vía, se esfumaron US$ 800 millones entre abril y mayo, según fuentes cercanas al Central.

Si bien el compromiso oficial es que no haya ningún default, los analistas están atentos a la cotización de los bonos provinciales, sobre todo en las regiones sin regalías petroleras ni fondos para calzarse. Y también observan el rumbo del Gobierno en vísperas de las elecciones tras perder US$ 2.000 millones de reservas brutas en mayo.

«Desde hace varias semanas y ante la caída en la liquidación del agro lo que vemos es una profundización del cepo cambiario, la otra opción seria reducir la demanda con una fuerte devaluación. Ahora les toco a las provincias, se supone que es más fácil negociar con ellas que con miles de importadores de bienes», dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica.

NE

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