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El episodio de una mujer y su agradecimiento a la ministra Carla Vizzotti por haberle permitido ver a su marido antes de que él muriera removió el dolor de los miles de familiares de muertos que no pudieron despedir a sus seres queridos. Fue el 24 de agosto de 2020 y todavía había cuarentena dura en Argentina.
Hasta ese momento habían muerto casi 12 mil personas por Covid en el país. Dentro de ese escenario estricto y de derechos vedados, hubo excepciones que beneficiaron a algunos y fomentaron la desigualdad. Cuando aún no existía un protocolo oficial del Ministerio de Salud para que la práctica del “último adiós” fuera posible, se avaló que un puñado de hospitales públicos y clínicas privadas avanzara igual.
El caso de Sylvia Brunoldi ocurrió en el Sanatorio Anchorena, cuyas autoridades desde que se conoció el caso no hicieron declaraciones. Según Brunoldi, Vizzotti -que por entonces era secretaria de Acceso a la Salud- le preguntó personalmente cuál era el lugar en el que estaba internado su marido y al que ella no podía acceder.
Así fue que -según contó Brunoldi a Clarín– luego de ese contacto le avisaron desde el Anchorena que podía visitar a su marido. También dijo que cuando acudió se encontró con otros familiares que también estaban visitando a pacientes internados.
El 4 de septiembre de 2020, cuatro días después de que se conociera el decreto nacional que habilitó para todos las visitas a enfermos terminales de Covid, Daniela Vázquez, jefa del la Unidad de Terapia Intensiva del Anchorena, dio una entrevista al programa “Nadie es perfecto” de Radio Sí de Rosario, y dio detalles sobre el tema.
“Inicialmente había una normativa del gobierno de la Nación sobre el no ingreso de ningún tipo de familiar. En este último tiempo esto se ha ido flexibilizando y de hecho nosotros dejamos entrar a la familia. No sólo al muriente, sino de los otros pacientes también los dejamos venir. Deben firmar un consentimiento informado asumiendo los riesgos. Tenemos un protocolo y lo estamos implementando”.
Lo que no precisa Vázquez es desde cuándo había comenzado esa flexibilización, que no era oficial, y que comenzó a generar desigualdades con otros centros de internación. Sí se sabe que, por lo que contó Brunoldi, ella no había podido acceder al beneficio y luego del contacto con Vizzotti eso se concretó.
A la vez, tanto el Gobierno nacional como los de algunas provincias avalaron que unas pocas instituciones públicas y privadas permitieran visitas durante al menos 45 días, en plena cuarentena dura, cuando el resto no lo hacía. En aquel momento los casos fueron públicos, pero en medio del agobio de la pandemia y el aislamiento no se conocieron reclamos de los que no gozaban de ese mismo beneficio.
Uno de esos casos especiales fue el Sanatorio Mater Dei, que elaboró su propio protocolo en base al implementado en instituciones de Brasil y España. Allí, el 13 de julio murió el primer paciente acompañado por un familiar y para el 5 de agosto ya habían sido seis los casos.
Otro escenario de permisos cuando la práctica de las visitas era una excepción y no la regla fue el Hospital Udaondo, de la Ciudad de Buenos Aires, que según se informó en ciertos casos permitía el ingreso de familiares. Lo que no está claro es cómo se manejaba esa discrecionalidad.
Clarín intentó consultar a la Ciudad sobre si además del Udaondo había en aquel momento otros hospitales públicos que hubieran permitido las visitas de familiares aun cuando no había un protocolo establecido ni se encontraba vigente el decreto presidencial que impulsó la medida, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Rodolfo Rossi”, de la ciudad de La Plata, había creado un programa para que los familiares pudieran acompañar a pacientes, según confirmó el 26 de agosto a la agencia AP María de los Ángeles Mori, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos.
Estas excepciones permitidas en unos pocos lugares y para algunos pacientes ocurrieron cuando la gran mayoría de la gente no podía tener ese beneficio, que recién empezó a cobrar masividad en septiembre y lentamente. A fines de mayo de 2021, según estadísticas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, todavía había hospitales y clínicas que no permitían las visitas.
Este escenario desigual, que ahora genera la indignación de los que no pudieron despedir a sus familiares, fue admitido por Vizzotti cuando hizo su descargo por el episodio en el que Brunoldi la dejó mal parada. “Para ese momento cada institución a través de sus autoridades y analizando cada caso particular, ya otorgaba autorizaciones y generaba el protocolo necesario para las visitas”, dijo la ministra.
Vizzotti en sus explicaciones prefirió no referirse al caso puntual de Brunoldi y cómo fue su contacto con ella, que derivó en que finalmente la presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético pudiera ingresar al Anchorena cuando ni el protocolo de visitas nacional ni el porteño existían.
Sin embargo, existían algunos protocolos informales, no oficiales. Incluso uno de ellos, el del Mater Dei, figura como fuente de información del protocolo definitivo que elaboró para el Ministerio de Salud el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades.
Fuentes de otras clínicas privadas consultadas por Clarín aseguraron que la práctica de dejar ingresar familiares estuvo estrictamente prohibida hasta que salió el protocolo de Nación. “Imaginate lo que hubiera pasado si un familiar ingresaba sin saber que tenía Covid y contagiaba a los médicos. Si eso sucedía había que dejar a todo el resto de su equipo en cuarentena y el recurso humano escaseaba. Hubiera sido un escándalo, ¿quién se iba a hacer cargo de esa situación?”, fue uno de los argumentos.
De hecho, la jefa médica del Anchorena, en otra entrevista que dio por aquellos mismos días de crisis sanitaria, describió con angustia la situación que estaban atravesando en el centro de salud: “Estamos muy cerca del colapso, con ocupación del 90 por ciento en la terapia intensiva. Muchos médicos han estado enfermos y entonces tenemos bajas, algunos han vuelto y otros han quedado en el camino”.
En ese momento se empezaba a abrir una grieta sobre si había que flexibilizar la cuarentena o no. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, decía que los casos en Capital empezaban a mostrar un amesetamiento, pero desde Nación insistían en que la demanda en los hospitales era muy alta. Tanto que Vázquez, del Anchorena, pedía volver a fase 1.
Más alla de los eventuales casos de visitas en clínicas u hospitales en los que pudo haber un potencial tráfico de favores -lo que amerita un tratamiento aparte-, la pregunta que queda en este contexto es más por los que no podían que por los que pudieron. Por qué el Estado avaló que para unos pocos la respuesta fuera sí, mientras para la mayoría era no.
PS