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El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó y dictó embargos millonarios a los miembros de una supuesta organización ilícita con sede en Miami que se aprovechaba de mudanzas por retorno de argentinos al país para traer mercaderías de contrabando.
En una resolución a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, el magistrado detectó por lo menos maniobras en 35 oportunidades con contenedores que salía desde Miami y en vez de tener elementos personales de esa familias trajeron electrodomésticos, anteojos, estéreos, ropa deportiva, consolas de videojuegos, entre otras mercaderías de contrabando.
El régimen de importación de enseres de una familia argentina se encuentra exento de gravámenes a la importación.
En la casa se investiga a una “organización se habría dedicado a ingresar al país mercadería de origen extranjero destinada inequívocamente a ser comercializada, evadiendo el pago de los derechos que gravan las importaciones para consumo, para lo cual se declaraban falsamente mudanzas internacionales de ciudadanos argentinos residentes en el exterior”.
Para la maniobra se presentaron “ante la Dirección General de Aduanas conocimientos de embarque y destinaciones particulares de importación con información y documentación complementaria falaz, contando -además- con la connivencia de funcionarios públicos”.
A tales fines, se presentó ante la Aduana “documentación falsa con el propósito de someter la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto y más favorable al que corresponde, con la presunta intervención en los hechos de un funcionario del servicio aduanero, siendo que la mercadería -en todos los casos- superaría la suma de $3.000.000”.
Los contenedores fueron transportados desde el puerto Everglades, sito en Florida, EE. UU., rumbo a Buenos Aires, a través de la marítima HAMBURG SÜD. La sociedad EMBASSY FREIGHT INTERNACIONAL se desempeñó como “forwarder”, mientras que VENNER TRADE COMPANY LLC actuó en carácter de “shipper”.
En la investigación, el juez afirmó que la mayoría de los acusados “conformaban una organización con roles definidos cuya finalidad era la comisión de delitos indeterminados, en tanto tuvo estabilidad y permanencia en el tiempo”.
Así el juez Aguinsky decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Aldo Limardo y lo embargó en $14.470.606.077. También procesó a Julio César Fernández con igual monto de embargo. La misma medida el juez tomó con
Edgardo Luis Kornuta, Julio Carlos María Loscalzo, Leonardo Gabriel Savio, Patricio Javier Curiel, Pedro Edmundo Gómez y David Elías Kyselycia.