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El PSOE ha acogido con frialdad este lunes el revés del Tribunal Supremo a la ley de amnistía, después de que los magistrados de la Sala de lo Penal hayan rechazado aplicar la medida de gracia a la malversación. Los socialistas evitan por el momento valorar la decisión judicial, pero esperan que esta no contribuya a alejar a ERC y Junts en un momento especialmente sensible.
Desde la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, la portavoz del partido, Esther Peña, ha rechazado en varias ocasiones entrar en el fondo de una decisión judicial que, ha explicado, no conoce “en profundidad” porque se acababa de conocer cuando ella ha comenzado la comparecencia. Pero la dirigente socialista sí ha anticipado que el auto del alto tribunal no debería influir en “nada” sobre la relación que republicanos y posconvergentes mantienen con el Gobierno central, el PSOE y el PSC. “Son procesos diferenciados”, ha dicho.
Se trata más de un deseo que de una constatación. La amnistía fue la piedra sobre la que Pedro Sánchez construyó su investidura, garantizándose el apoyo de Junts y ERC a cambio de la norma que pretende dar carpetazo a los procedimientos contra el procés, así que el flanco judicial y el político siempre han estado relacionados.
“Tenemos que respetar los procesos judiciales. Pero la voluntad es firme. Hemos hecho una ley de amnistía para generar una ruta de reencuentro, de superación de viejos conflictos. Vamos a hacer una apuesta importante por la convivencia como una de las bases para desarrollar Catalunya y España. Hemos generado una ley para superar disputas pasadas. Nunca dijimos que el proceso iba a ser corto y fácil”, ha señalado por su parte Jordi Hereu, ministro de Industria y exalcalde de Barcelona, transmitiendo así la tesis que siempre ha defendido el Gobierno: todos los delitos asociados al procés deben ser amnistiados gracias a la ley.
Los efectos sobre Puigdemont y Junqueras
Con su auto, el Supremo dos decisiones que afectan directamente a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Por un lado, rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre el expresident de la Generalitat, complicando así su vuelta a Catalunya. Por otro, mantiene la inhabilitación del exlíder de ERC para ostentar cargos públicos hasta 2031.
El movimiento del alto tribunal, contrario a la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, llega en un momento especialmente delicado para los socialistas. En Catalunya, el PSC necesita a ERC para lograr la investidura de Salvador Illa, con Junts disputándose este hipotético apoyo a pesar de que en el nuevo Parlament, salido de las elecciones del pasado 12 de mayo, no hay mayoría independentista. Y en Madrid, el Gobierno ha comenzado los trabajos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto que no puede salir adelante sin los votos de republicanos y posconvergentes, que suman cada uno siete escaños en el Congreso de los Diputados. De momento, el PSOE cruza los dedos y espera.