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Con ayuda de los legisladores santacruceños, quienes paradójicamente habían llamado a no dar quórum a la sesión, el oficialismo finalmente consiguió aprobar la declaración de las emergencias públicas en materia administrativa, económica, financiera y energética, por un año; las delegaciones de facultades y los artículos que dejan sujetas a privatizaciones a seis empresas.
Con cambios de último momento el oficialismo también consiguió aprobar por amplia mayoría: 38 votos a favor -incluso de legisladores K- contra 32 en contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Antes de la votación, los libertarios anunciaron varios cambios. Entre ellos, acotaron el Régimen a nueve sectores: de foresto industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología.
La redacción anterior hablaba vagamente de inversiones «en cualquier sector». Además, agregaron la obligación a la contratación de proveedores en un mínimo del 20 % de la totalidad del monto de la inversión destinado al pago de proveedores.
El bloque de Unión por la Patria sufrió tres fugas: acompañaron al oficialismo el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, la tucumana Sandra Mendoza , que responde Osvaldo Jaldo, y la jujeña Carolina Moisés.
En los primeros títulos del proyecto -los más sensibles y que en el conteo preliminar también corrían riesgo de caerse- volvió a haber un empate: 35 votos a favor contra 35 en contra. Volvió a definir la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Tal como se esperaba, votaron en contra de las delegaciones, además de Unión por la Patria, los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad. Sorprendió que Pablo Blanco, que había señalado que no le daría facultades a este Gobierno, como tampoco se las dio al anterior, terminó votando a favor.
Así las cosas, la llave de la victoria la tuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes curiosamente un día antes de la sesión habían llamado a directamente a no dar quórum y votaron en contra de la Ley Bases en general.
Lo cierto es que después de votar en general, se pararon y se fueron los dos juntos. Si hubiesen estado presentes, y votaban en contra, todos los artículos de delegaciones de facultades y privatizaciones , que salieron empatados, se hubieran caído.
Carambia ya había firmado, aunque en disidencia, el dictamen del oficialismo. Fue después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptara elevar las regalías mineras del 3 % al 5 % sobre el valor «boca de mina» del mineral extraído.
Pero después, Carambia sospechó que no le cumplirían y emitió un video despotricando contra el total de la ley y pidiéndole a sus pares que no den quórum. Sin embargo, en nuevos diálogos con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el acuerdo se habría reencarrilado. El artículo en cuestión está en el paquete fiscal.
También quedaron aprobados los artículos que facultan al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del Estado. A pedido de la oposición se agrandó el listado con los órganos que el estado no va a «poder tocar».
Además quedaron ratificados los artículos que le permiten a Javier Milei unificar, modificar, o liquidar los fondos fiduciarios públicos y los que plantean la posibilidad de intervenir organismos descentralizados con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público.
Los artículos de privatizaciones terminaron siendo aprobados, después de que el oficialismo anunciara que dejaba afuera del listado a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que incluye la TV Pública y Radio Nacional.
Si no las sacaban del anexo, se le iba a caer todo el artículo. Así las cosas quedaron sujetas a privatización total dos empresas: Energía Argentina S.A; Intercargo SAU. Para privatización parcial o concesión quedaron avaladas AYSA, Belgrano Cargas y Logística S.A; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), y Corredores Viales S.A
Pasada la votación en particular de la Ley Bases, los senadores van a discutir el Paquete Fiscal, que entre otros temas, incluye la reversión del Impuesto a las Ganancias, un blanqueo y moratoria fiscal.
El proyecto plantea que el impuesto a las Ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y habilita un blanqueo de hasta 200 mil dólares sin pagar impuesto.